Llegan con otras condiciones de base como anemia, diabetes o deficiencia renal. lo que aumentan los costos de internamiento
Consideran petición de prestar más servicios a ciudadanos haitianos es “imprudente e inaceptable”
El director de la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, Leonardo Aquino, dijo que la mitad de todos los partos que ha realizado ese centro de salud en este año corresponden a mujeres de origen haitiano.
“El número de parturientas que hemos recibido en este hospital en lo que va de año es de aproximadamente unas 6 mil”, afirmó el galeno.
De esta cifra, entre el 50 % y 53 % de las pacientes eran de origen haitiano, es decir, entre 3 mil y 3,180 parturientas y entre un 3 % a un 5 % de origen venezolano, unas 300 madres.
Aquino reconoció que es “un costo bastante elevado para el Estado en término general y para el hospital”, estimando que la suma asciende a 50 millones de pesos invertidos en su atención en lo que va de este año 2022.
Con relación a las parturientas adolescentes, la cifra se estila entre el 24 % a 30 % de los partos realizados.
Además del parto, las pacientes suelen presentar otras condiciones de base como anemia, diabetes, preclamsia e insuficiencia renal, que elevan el costo de los cuidados y tratamientos, incluyendo la estancia de hasta 15 días del bebé en el área neonatal.
Saturación de la capacidad
En noviembre de 2021, el ministro de Salud, Daniel Rivera, informó que el Gobierno había invertido 10 mil millones de pesos en las parturientas haitianas que vienen a los hospitales del país durante los primeros 11 meses de ese año.
Rivera manifestó que “se les sigue atendiendo y dando un trato humano”.
“Anteriormente era un 6 y 7 por ciento de parturientas que venían al país y nunca afectó el sistema, ahora ha llegado a un 40 por ciento, y en algunas zonas ronda cerca de 60 por ciento al entrar noviembre. El problema ahora es la saturación de la capacidad instalada”, dijo en ese entonces el galeno.
El ministro y ahora presidente del Gabinete de Salud criticó que las embarazadas haitianas vienen al país sin datos sobre su diagnóstico, y por eso la mortalidad materna de las embarazadas haitianas ha aumentado desde el año 2019.
“Las parturientas dominicanas se están viendo limitadas de los servicios públicos de salud y tienen que irse a los servicios privados, ya que el mayor porciento de capacidad lo ocupan las haitianas”, explicó Rivera sobre cómo esta situación afecta a las embarazadas dominicanas.
Las provincias que hasta ese momento registraban el mayor número de partos de ciudadanas haitianas eran: Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Altagracia y Valverde.
Conforme a cifras ofrecidas por el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, unas 35 mil parturientas haitianas dieron a luz en la República Dominicana en el 2021, cinco mil más que en el 2020, fecha en la que se registraron 30 mil. En el 2018, se documentaron 14 mil partos de embarazadas procedentes de la vecina nación.
El pasado 27 de octubre, la subsecretaria para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos, Uzra Zeya, instó al Gobierno dominicano a “prestar servicios a todas las personas vulnerables, incluidos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana”.
Durante su participación en el diálogo de alto nivel sobre Reformas Institucionales que realiza el presidente Luis Abinader con el Gobierno de Estados Unidos, Zeya dijo que “el Gobierno dominicano debe continuar avanzando en la lucha contra la trata de personas mediante la investigación, el enjuiciamiento y la condena efectiva de los traficantes, protegiendo a los más vulnerables de nuestras comunidades”, por tanto, aboga para que “se apruebe una ley actualizada sobre la trata de personas, conforme a los estándares internacionales”.
En respuesta, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, aseguró que el requerimiento de la funcionaria estadounidense “constituye un pedimento imprudente e inaceptable”.
“Esta es una conducta impropia e inexcusable, pues ningún país le ha dado mayor colaboración y ayuda a Haití que la República Dominicana, cuestión que nadie está en condiciones de discutir; ahora si lo que se pretende es frenar los tímidos procesos de deportación de ilegales e indocumentados que lleva a efecto la autoridad migratoria dominicana, creemos que es una intromisión en los asuntos internos de nuestro país, cuestión que prohíbe la Constitución de la República”, aseguró Gómez Ramírez a través de un comunicado de prensa.
«Los Estados Unidos se han mostrado muy lentos para acudir en solidaridad de Haití; empero son muy ágiles en la pretensión de trazarle pautas a la República Dominicana»
Wilson Gómez Ramírez
Presidente del Instituto Duartiano
Seguirán deportaciones
Por su parte, el director de Migración, Venancio Alcántara, aseguró que la institución que encabeza continuará y aumentará las deportaciones de todos los ciudadanos extranjeros que se encuentran de manera ilegal en el país y que las mismas se llevan a cabo respetando en todo momento los derechos humanos de cada uno de ellos.
Sostuvo que en los últimos meses se ha fortalecido la labor de la Dirección General de Migración, llegando a alcanzar hasta mil deportaciones diarias, pasando de 9 mil en el mes de julio a 9,500 en agosto, 9,900 en septiembre, hasta llegar a 15,500 en este mes de octubre.
Vice se niega a hablar
La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, optó por no referirse al tema al ser abordada por la prensa durante la presentación el sábado del Programa 14-24, un plan de apoyo a jóvenes en edades de 14 a 24 años.
“Esos sí están en situaciones vulnerables y esos son los que nosotros realmente tenemos que darle auxilio, y no soltarlos», respondió Peña al hablar sobre los jóvenes miembros del programa.
